ley de protección ambiental para la actividad minera

<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 612 792] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> “Versión Taquigráfica”. Complementariamente, tres hechos claves contemporáneos al período en el cual se sancionaron las reformas normativas del sector terminaron de reestructurar el panorama de la minería argentina: la consagración provincial de los recursos naturales mediante la reforma constitucional de 1994, el Proyecto de Asistencia a la Minería Argentina (PASMA) y, finalmente, el Tratado sobre Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile. Dejemos que ganen dinero, que se llenen los bolsillos y luego metámosle la mano en los mismos a efectos que podamos encontrar algo. x��Z�n��?f�Z4��0�n�jY�� $��Z�0��6�2f櫲��x��wY�>��,��-��[u�>�=��ūK��޼o�-�۫�/^�E��E(��0�P�,�H��/q�?�|�w>;I�ۙ�~��?�|q Al respecto, el diputado Bonasso posteriormente declararía “Lo que está en discusión es el agua, y voy a revelar cómo fue el acuerdo con el senador Filmus para que la Cámara, los medios de comunicación y la opinión pública lo sepan. El foco de conflicto se desencadenó a partir de las intenciones manifiestas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de reabrir las explotaciones de uranio en el antiguo yacimiento de Sierra Pintada[12] y el conocimiento de los permisos de cateo otorgados a la minera canadiense Maple. La tensión entre los marcos legales nacionales y subnacionales para la protección de glaciares sigue siendo un escenario abierto. Así que nosotros desde el Gobierno Nacional vamos a jugar fuertemente a apoyar al sector, dispuestos también a escuchar permanentemente la visión del sector para tratar de encontrar puntos permanentes de renovación que nos permitan estar adecuados a las probabilidades y a garantizar las perspectivas de rentabilidad […] Por eso nosotros creemos y estamos dispuestos a ver un crecimiento fuerte del sector, apoyarlo fuertemente y a su vez escuchar qué políticas activas desde el Gobierno Nacional podemos promocionar para que evidentemente esto se agilice, la inversión sea más rápida y la dinamización del sector ayude a consolidar el proceso de crecimiento que la Argentina necesita para realmente colocarle un punto de inflexión a la crisis que nos tocó vivir. Disponible en https://bit.ly/2y2F3yN. Finalmente, se pueden contar casos “mixtos”, o que no se corresponden totalmente con las características mencionadas en los párrafos anteriores. A pesar de correr distinta suerte en sus tratamientos en las comisiones, ninguno de los referidos proyectos logró ser debatido en general en sus respectivos recintos parlamentarios. Como se expuso en la introducción, la sanción de normativas provinciales que restringen la minería a cielo abierto, entre los años 2003 y 2011, consolida un caso emblemático donde las unidades subnacionales suben los estándares de protección ambiental por encima del nivel nacional. A partir de la conformación y las iniciativas del grupo asambleario “Autoconvocados de Punta del Agua”, se iniciaron distintas instancias de difusión y denuncia de la problemática minera. Webrrollo de la actividad minera se encarga de regular, ... rales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre donde se expone que … “Souverainetés en conflit : industrie minière transnationale, politique subnationale et mouvements socioenvironnementaux en Argentine: une analyse comparée dans les provinces de Chubut etde Santa Cruz”. Hasta el momento (2018) se han llevado a cabo 30 encuentros nacionales en distintos puntos del país y han participado cerca de 200 asambleas ambientales, grupos de vecinos autoconvocados y diversos colectivos sociales[9]. Manejo del Medio Ambiente en la Pequeña Minería (MEDMIN. A partir de la Ley de Inversiones Mineras, fueron comprendidas por los términos de este nuevo régimen de inversiones todas las actividades de prospección, exploración, desarrollo, preparación y extracción de sustancias minerales incluidas en el Código de Minería. Tesis de Doctorado, Universidad de Buenos Aires. Por otro lado, al conocerse la existencia de pedidos de explotación de uranio por parte de la CNEA a escasas cuadras del centro de la localidad de Nono, distintas localidades del valle de Traslasierra se incorporaron a las resistencias. Legislación Ambiental. “Anexo presentado por diputado Gómez Centurión-Partido Bloquista”, versión taquigráfica, sesión 17 de abril. “La minería que Mendoza no explota”. Complementariamente, el mismo artículo prohíbe tanto en zona glaciar como periglacial: la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen, como así también la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. codigo de mineria. Por otra parte, me parece muy importante saludar lo que se concreta hoy en el plano institucional porque es la tarea de muchísimo tiempo, de muchas organizaciones ambientales, de asambleas que recorren a lo largo y a lo ancho el país dando este tipo de discusión que hoy se corona institucionalmente reconociendo el trabajo de compañeros y compañeras como Marta Maffei y Miguel Bonasso (C. Lozano, Proyecto Sur CABA. En primer lugar, durante la Convencional Constituyente de 1994 se consagró en la Constitución Nacional la provincialización de los recursos naturales al reconocer a las provincias, en su artículo 124, el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Las primeras preocupaciones tuvieron su origen durante el año 2006, a partir del conocimiento de la existencia de una serie de derechos mineros ubicados en el Departamento de San Rafael, específicamente las concesiones de las minas Anchoiris, Chapleu y Don Sixto. Fecha de consulta: enero, 2018. Belmont: Wadsworth. Disponible en https://bit.ly/2sSHrmy. “Versión Taquigráfica”. La nueva ley de protección de glaciares y el ambiente periglaciar. Por otro lado, la ausencia de actores productivos relevantes para la estructura económica provincial afectados por los intereses mineros (sea en la consideración del Ejecutivo o en términos de aporte al PBG) que pudieran sumarse a las acciones de resistencia contrastó con el peso desmedido del sector minero en las matrices económicas[18] y su fuerte alianza con los Ejecutivos provinciales. Principalmente se acordó incluir una nueva definición de ambiente periglaciar, la modificación de los tiempos de inicio del inventario nacional de glaciares y periglaciares y la continuación de actividades antrópicas en el período durante el cual se realice dicho inventario. Ante esta afirmación, vale preguntarse ¿por qué algunas provincias sancionaron normas de protección ambiental más estrictas que la legislación nacional?, ¿qué impacto tuvo la iniciativa proteccionista de esas provincias en la normativa nacional? Sin embargo, los indicios señalaron que la decisión presidencial se basó en grandes presiones por parte de ciertas provincias mineras, especialmente San Juan con el gobernador José Luis Gioja a la cabeza, y la empresa minera canadiense Barrick Gold[19]. 1º-. Honorable Cámara de Senadores de la Nación (2010). La norma establece que los titulares de los derechos mineros serán responsables por todo daño ambiental, determina los procedimientos específicos del Informe de Impacto Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental y habilita infracciones y sanciones que oscilan entre el apercibimiento, reparación de los daños e inhabilitación. Un largo camino ha sido recorrido desde que en 1993 se sentaran las bases normativas de la nueva minería en la Argentina. Buenos Aires: Zavalía. Es interesante destacar dos elementos importantes apreciados a lo largo de todo el trámite legislativo en ambas cámaras. WebLa presente Ley tiene por objeto regular la identificación de los pasivos ambientales de la actividad minera, la responsabilidad y el financiamiento para la remediación de las … Ciudad de Mendoza. 2 0 obj Sin embargo, seis años después los sucesos de Esquel, provincia de Chubut, fueron fundantes para las resistencias sociales contra la megaminería en Argentina. WebLos mineros pueden explotar sus pertenencias libremente, sin sujeción a otras reglas que las de su seguridad, policía y conservación del ambiente. La nueva minería metalífera, contrariamente a la explotación de socavón, requiere la dinamitación de grandes extensiones de montaña y cerros —debido a la baja concentración y al estado de diseminación del mineral— para luego, mediante la utilización de sustancias químicas y agua, separar la roca del metal (Moody, 2007; Rodríguez Pardo, 2009). Buenos Aires: Ministerio de Planificación Federal. Por su parte, las municipalidades de Casa Grande (Resolución 41/07), Charbonier (Resolución 10/07) y la Comunidad Regional de Totoral (Resolución 11/07) dictaron resoluciones prohibiendo o instando a limitar la megaminería a cielo abierto. La especificidad del objetivo común es pensada en función de la búsqueda de un logro o cometido que, pese a poder encontrarse en vinculación con objetivos más amplios, presenta una particularidad concreta y atribuible a determinada resistencia. “La problemática de la minería a cielo abierto”. Este capítulo parte de una constatación simple pero significativa: pese a que el Estado nacional ha promovido fuertemente la actividad minera a cielo abierto, algunas provincias argentinas sancionaron leyes de prohibición de la megaminería. Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de Quilmes. <> Problemas ambientales y conflicto social en argentina. El acuerdo otorga garantías fiscales, laborales e impositivas, elimina derechos de exportación e importación y brinda la posibilidad de tributar al fisco que resulte más conveniente a los inversionistas. “Mechanisms in Political Processes”. Disponible en https://bit.ly/2LKFhfW. El Valle de Uco, donde se ubican las localidades de San Carlos, Tunuyán y Tupungato, constituye uno de los tres grandes oasis urbanos y agrícolas del mapa provincial: el oasis norte (Gran Mendoza y Zona Este), el oasis de Valle de Uco (centro) y el oasis Sur (San Rafael y General Alvear). En los últimos párrafos se señalaron una serie de elementos que demuestran el apoyo manifiesto de las gestiones kirchneristas a la actividad minera. =�g�87��?g�#�3 �L��G��e�-�Z.��nj�f�hGy�pb��ޣ�g��5VD ��"i��@��U�\�BoE��O�1�\H��pQa.ZkL�X6�a�Ǻ��n�(��e��%θZ��Y��X�W��_Ȝ�dD\xd녋�"��ԶĤ9s�9e.o��т��N?��ӗ ��'�4�9�d��`�0�@��t�~tY�AҟR~��7 @��E�Ж" �A Por otro lado, se resolvió la problemática jurisdiccional de la propiedad de las minas a través de referida reforma constitucional de 1994. “Minería argentina. La minería a gran escala en Ecuador: Análisis y datos estadísticos sobre la minería industrial en Ecuador. Movimientos socioambientales en Mendoza. WebQue dentro de los aspectos centrales considerados en el desarrollo del “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino” (PEDMA) se incluyó la creación de una Mesa … En La Argentina de los Noventa: desempeño económico en un contexto de reformas (Tomo II), editado por Daniel Heymann y BernandoKosacoff, 251-342. La política pro minera del gobierno nacional (desde la administración de Menem hasta la actualidad), el control oficialista de ambas cámaras legislativas y la retención de puestos claves en las comisiones de Minería por parte de las provincias pro mineras, principalmente San Juan, operaron como elementos de veto a la hora de pensar debates profundos sobre la cuestión minera a nivel nacional. La protección del ambiente y … Finalmente el 24 de septiembre de 2008 se aprobó con fuerza de ley, sin votos en contra y solamente con dos abstenciones, la prohibición de la megaminería metalífera a cielo abierto, la extracción de minerales nucleares y el uso de sustancias contaminantes en la actividad minera. De acuerdo al argumento general del trabajo, las prerrogativas subnacionales respecto de la gestión de los recursos naturales en combinación con las presiones ejercidas por las resistencias sociales habilitaron la característica más distintiva de las políticas ambientales mineras en Argentina: el incremento en el nivel provincial de los estándares de protección ambiental para el sector. Al respecto se expresaron algunos de los representantes durante sus alocuciones parlamentarias: Por sobre todas las cosas, la conquista ha tenido que ver con esta lucha. Preguntas frecuentes. El Código de Minería, de acuerdo a su artículo primero, rige los derechos, obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales. Los anexos a que se refieren los artículos 56 y 58 de la presente modificatoria al Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, aprobado por Decreto Supremo N° 042-2017-EM son publicados en el portal institucional del Ministerio de Energía y Minas. Construyendo caminos colectivos en defensa de nuestros territorios”. (Gobernador Beder Herrera La Rioja, Honorable Cámara de Senadores de la Nación, 2010, p. 8). Pese a que durante el debate de dicha ley se han enfrentado las posiciones “antimineras” y “promineras”, estas deliberaciones no alcanzaron a agotar un debate profundo e integral sobre las implicancias ambientales, sociales y económicas de la política minera argentina, una cuestión que sistemáticamente fue postergado al interior del cuerpo legislativo. Muy bien lo ha expresado la Legislatura de la Provincia del Chaco, que felicita la actitud de Esquel y de la Provincia del Chubut de permitir la utilización del mecanismo de democracia semidirecta, como es la consulta popular. Gamson, William (1990). Diani, Mario (1997). Como se viera, la combinación entre el dominio originario que las provincias poseen sobre los recursos naturales y las presiones de las resistencias sociales permitieron, en determinadas provincias, incrementar los estándares de protección ambiental al prohibir el desarrollo de actividades metalíferas bajo la modalidad a cielo abierto. WebFRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 Sen ... funciones y recursos que le … En lo relativo a la protección ambiental prevista en la normativa minera, se destacan dos elementos puntuales: por un lado, un apartado en la misma Ley de Inversiones Mineras y, por el otro, la ley N° 24.585/95. 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina. para el desarrollo sustentable para la minería artesanal y pequeña minería. El veto presidencial fue públicamente conocido como “el veto de la Barrick”. Schein, Daniel (2015). Los casos más emblemáticos para pensar estas situaciones son Catamarca, Santa Cruz y San Juan, donde, pese a que se han producido reclamos y rechazos a la minería a cielo abierto, la minería es considerada política de Estado y las oportunidades para su restricción han sido escasas. Tesis de Doctorado, Universidad de Quebec en Montreal. El valle de Traslasierra se ubica al oeste de la provincia de Córdoba y sus ciudades más importantes son Mina Clavero y Villa Dolores. De esta manera, la eventual sanción de una ley de prohibición minera resulta de un conjunto de instancias más amplio que el mero momento de la sanción normativa. Así, la ley estaría reconociendo la posibilidad fáctica de contaminación, vista como un problema futuro a resolver. Tiempo después, nuevas preocupaciones surgieron en esa zona de las sierras cordobesas cuando, en 2007, se tomó conocimiento concreto de actividades de prospección minera por parte de una empresa de origen francés llamada Red Mineral Corporation. Fecha de consulta: enero, 2018. Con el impulso de productores agrarios, sectores viñateros, actores industriales y organizaciones no gubernamentales, nucleados en torno a una fuerte participación de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, se conformó la “Multisectorial del Sur por un desarrollo sustentable”. Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2010, p. 86). Tal como se viera en el capítulo 1 del libro, el artículo 124 de la Constitución Nacional permite a los gobiernos provinciales decidir el uso y manejo de los yacimientos minerales y, en última instancia decidir si quieren —o están dispuestas— a ser provincias mineras. La experiencia de Córdoba se ha desarrollado en un período de tiempo significativamente breve, entre 2007 y 2008, y a la luz de un conflicto que alcanzó una gran intensidad. SECCION PRIMERA: AMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE Art. Si bien la sanción de la Ley de Glaciares (Ley N° 26.639/10) mostró el gran potencial de la Ley General de Ambiente (Ley N° 25.675/02) para el establecimiento de presupuestos mínimos de protección ambiental a nivel nacional con algún tipo de repercusión sobre la actividad minera, la posibilidad de avanzar hacia una política de protección ambiental nacional para el sector fue constreñida por la combinación de dos factores: la fuerte defensa de la actividad por parte del Estado central y el control que las provincias mineras mantienen sobre el manejo de los recursos naturales existentes en sus territorios. “Versión Taquigráfica”. Se reseñan brevemente a continuación cuatro elementos que dan cuenta de esta apuesta estratégica por la actividad minera de los gobiernos kirchneristas. CNEA (2011). Igualmente, a más de cinco años después de la sanción de la Ley de Glaciares, el inventario ordenado por la norma aún no se ha finalizado pese a que la norma establecía 180 días para dicha tarea. reunidos en Congreso, etc. CAEM (2013). Tendríamos que rendir homenaje a las asambleas ciudadanas porque han creado desde las provincias, por primera vez en nuestro país, una conciencia ambientalista que antes no existía. En tercer lugar, se enviaron una serie de cartas abiertas a la presidenta Fernández de Kirchner y a los Diputados y Senadores Nacionales, entre las cuales se destacaron las del ex premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la que fuera enviada por un conjunto de organizaciones ambientalistas de carácter profesional[20]. Como muestra de esta reticencia legislativa a abrir juego a la discusión minera, se destaca que, entre los años 2005 y 2013, se han presentado, sin resultados positivos, 10 proyectos de ley que buscaron prohibir la explotación de la megaminería a cielo abierto en todo el territorio argentino, 7 de ellos en la Cámara Baja y los 3 restantes en Senadores[27]. Disponible en https://bit.ly/2JFTLgy. <>>> WebLa presente normativa tiene por objeto complementar los preceptos contenidos en la Ley de Protección Ambiental Para la Actividad Minera, incorporados al Código de Minería de … Los primeros grandes yacimientos mineros se inauguraron en Catamarca con la apertura de Bajo La Alumbrera en 1997 y, al año siguiente, Santa Cruz con Cerro Vanguardia. La historia nos ha castigado. Estas normativas han sido usadas como argumentos para su sostener su preexistencia y su aplicación por sobre la ley nacional. En el marco de precios favorables de las materias primas, el sector minero ha sido postulado, una y otra vez, como factor de desarrollo económico y laboral y como fuente potencial de divisas. Si hoy estamos discutiendo esta ley es porque ha sido empujada desde esas movilizaciones (F. Solanas, Proyecto Sur, CABA, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2010, p. 64). Quito: Ediciones AbyaYala. Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM). Fecha de consulta: enero, 2018. En Catamarca la minería explicó, en 2006, el 60% del PBG. Lo cierto es que no podemos pretender sacarles el jugo a estos capitales antes de que empiecen a redituar. 1 - Sustityese el Artculo 282 Del Cdigo De Minera por el siguiente: "Art. Las asambleas de autoconvocados, actuando como desafiantes iniciales y con un gran esfuerzo destinado a sostener la acción directa y contenciosa, se consolidaron como los grupos más comprometidos y activos durante las acciones de resistencia. Respecto del nivel nacional, cabe aclarar que, si bien la sanción de la Ley de Glaciares fue finalmente exitosa y operó como un “atajo” para discutir en la escala federal el tema minero, actualmente su aplicación concreta dista mucho del enunciado normativo. Al tiempo que se desarrollaron y expandieron las resistencias a la megaminería, a partir de la incorporación y vinculación de una pluralidad de actores a las acciones de resistencia, dos sucesos tuvieron lugar en Córdoba que terminarían de configurar las particularidades del proceso de incidencia: la sanción el decreto 80/2008 que protegía la zona de Ongamira de la minería metalífera a cielo abierto y el crecimiento de las resistencias en el valle de Traslasierra[15]. (F. Solanas, CABA, Proyecto Sur, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 2010, p. 37). La ley establece las pautas necesarias para la realización del Inventario Nacional de Glaciares, tarea a desarrollar por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), mediante la cual “se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo” (art. ¥;ïêèLWÊ2zå«á¬øO Contrariamente, en casos como Catamarca, San Juan y Santa Cruz, el peso del Estado puesto al servicio del desarrollo minero —apelando incluso a la violencia física como método de disciplinamiento— menores grados de pluralidad política y de diversificación económica limitaron las posibilidades de incidencia legislativa de las resistencias sociales. A lo largo del presente trabajo las expresiones “minería a cielo abierto” y “megaminería” refieren a esta modalidad de explotación de minerales metalíferos, excluyendo hidrocarburos y rocas de aplicación. Journal of Cleaner Production, 84: 174-182. De Bernardi, PJ, Honorable Legislatura del Chubut, 2003: 37). Tal presentación tuvo como desenlace una medida cautelar en la cual, en febrero de 2003, el juez civil paralizó el proyecto minero mediante sentencia definitiva[7]. Esta facultad la delegaron las provincias a través del artículo 41 de la Constitución Nacional. En otras palabras, la mera sanción legislativa de una ley a nivel federal no implicó el cierre de un proceso complejo y conflictivo. Castillo-Catamarca-PJ, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 1993: 6618). 78 de la Ley de Minería y artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. A continuación el cuadro 1 presenta las referidas leyes: En este proceso de búsqueda y posterior sanción de normas ambientales protectivas ha sido clave el rol jugado por las resistencias sociales. Vienen por el oro, vienen por todo, Buenos Aires: CICCUS. El argumento esgrimido en el fallo original y en las subsiguientes confirmaciones se centró en la aplicación directa del principio precautorio ambiental, establecido en la Ley General del Ambiente de 2002. “Las complejidades sociales de la globalización en los debates sobre la minería metalífera en los municipios de Mendoza”. “The Democracy Deficit of Corporate Social Responsibility in Postneoliberal Times: An Analysis of the Argentinian and Ecuadorian Experiences”. A la par del incremento de las luchas y a medida que distintas localidades se involucraban en el conflicto, se desarrollaron redes de resistencia que, nucleando mayormente a las organizaciones asamblearias de base, se extendieron por el territorio de Mendoza. En la séptima sección, a partir del análisis de la sanción de la ley nacional de glaciares, se reflexiona sobre las tensiones entre desarrollo económico y protección ambiental y las limitaciones que existen a nivel federal para la sanción y aprobación de políticas ambientales para el sector minero. Esta situación replica y deja abierta la tensión inicial señalada al inicio de este capítulo (las potestades nacionales versus las provinciales) y al mismo tiempo refuerza el hecho de que la autonomía provincial no siempre opera en un sentido único, siendo que también puede ser utilizada para obturar el debate sobre la protección ambiental en el nivel subnacional. 1). Al igual que en otros países latinoamericanos, se buscó reordenar los organismos mineros para garantizar y proteger las fuertes inversiones extranjeras del sector (Sacher y Acosta, 2012; Álvarez, 2014). Los casos de las derogaciones de las leyes de La Rioja y Rio Negro, sumado a los recursos de inconstitucionalidad enfrentados[28] por las leyes de Mendoza y Córdoba, dan cuenta de este fenómeno. Álvarez, Laura y Claudia Composto (2010). Las resistencias sociales, en su búsqueda de leyes ambientales que restrinjan el avance minero, suelen involucrarse en “procesos de incidencia”. De esta manera, es preciso proponer un acercamiento conceptual a las resistencias sociales, las cuales son entendidas como la suma de acciones, tanto directas como mediadas institucionalmente, desarrolladas por una pluralidad de actores en un espacio geográfico delimitado, con cierta perdurabilidad en el tiempo y en vistas a un objetivo común específico (Christel, 2016).Focalizar en las acciones en lugar de los actores permite incorporar al análisis, además de las actividades de los grupos más comprometidos (mayormente asambleas ciudadanas o socioambientales), actuaciones intermitentes, esporádicas o menores de otros actores involucrados en las resistencias que, impulsados por razones diversas, igualmente persiguen un objetivo común específico. Recordemos que las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental son facultad del Congreso Nacional. Pese a las presiones iniciadas en las arenas provinciales, este avance subnacional de las políticas ambientales para el sector minero encontró dificultades para escalar hacia el nivel nacional. 3) Decreto Nº 1342/97: Normativas básicas y presupuestos mínimos que complementan la Ley Nº 24.585 (Código de Minería). “En Mendoza hay 573 km2 de glaciares”. Rápidamente, el gobierno kirchnerista, aplicando un discurso progresista y determinadas políticas tendentes a la “redistribución económica”, logró mostrarse como una alternativa opuesta a la experiencia neoliberal de los años 1990 y consolidarse como parte de los llamados gobiernos progresistas de América Latina. En un proceso de debate amplio, con participación directa de vecinos, organizaciones sociales, asambleas y distintos actores sociales y a la luz de una creciente y sostenida movilización popular, particularmente en General Alvear y San Carlos, finalmente, se sancionó la ley N° 7.722 en junio de 2007. En cuarto lugar, se destaca la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI). Pese a estas diferencias, ambos grupos han logrado compartir acciones conjuntas y complementarias con el objetivo de frenar la avanzada minera. WebActividades y grupos: Maestría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental (RVOE: Acuerdo No AM-VI 150/2017, del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, No 156, el … Posteriormente, 1 de abril, el Concejo Deliberante declaró, mediante la Ordenanza N° 33/03, al municipio como no tóxico y ambientalmente sustentable y estableció la prohibición de actividades industriales y mineras que utilicen técnicas de lixiviación con sustancias tóxicas o que requieran el uso de explosivos o insumos tóxicos. . El presente reglamento, tiene por finalidad asegurar que las actividades mineras en el territorio nacional, se realicen salvaguardando el derecho constitucional a disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, en el marco de la libre iniciativa privada y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Esta nueva ley minera obtuvo validez en todo el territorio argentino a partir de la adhesión expresa de las provincias mediante el dictado de sucesivas leyes provinciales que, además de establecer normas legales de aplicación, invitaron a la adhesión municipal. Por otro lado, los sectores opositores a la minería enfatizan que las autoridades de aplicación suelen quedar bajo orbita de las secretarías de minería (nacional de acuerdo a la ley de inversiones y determinadas por autoridades provinciales para la 24.585 /95) y sin estar sujeta a control de los responsables del área ambiental (Colectivo Voces de Alerta, 2011). Entre 2003 y 2004 se evidenciaron una serie de inquietudes en el norte cordobés ante el rumor de una posible explotación de minerales metalíferos en la zona de Ongamira. 3 0 obj Sección Tercera. Disponible en https://bit.ly/2LHaG2T. Cisneros, Paul y Lucas Christel (2014). WebLos nuevos impactos incluidos por la actividad para los proyectos cuya Licencia Ambiental se tramita mediante presentación de Informes Ambientales (IA) o Estudios de Impacto … Dicho proceso es entendido como una serie de secuencias agregativas de resistencias sociales que persiguen una decisión estatal determinada (Christel, 2016). En Minería trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, editado por Maristella Svampa y Mirta Antonelli, 29-50. 585 DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA Sancionada : Noviembre 1º de 1995. Para un análisis de las características políticas, organizativas y comunicacionales de la UAC, ver Cerutti y Silva, 2010. Para esta será autoridad de aplicación la Dirección Provincial de Minería. En San Juan, para 2010, ese valor ascendió a 36%. En primer lugar, la “acción directa” implica una actuación no mediada por representación institucional alguna y de carácter contencioso (Tarrow, 2011) y sus principales impulsores de la acción directa suelen ser los actores asamblearios identificados como parte del nuevo ambientalismo social argentino (Gutiérrez e Isuani, 2014).En segundo lugar, el objetivo de las resistencias se encuentra mediado por dos variables intervinientes, la estructura de alianzas y la estructura de oposición (Diani, 1997). 1º-La … Los representantes de provincias mineras tales como San Juan, La Rioja o Santa Cruz (defensores del proyecto original del senador Filmus), amén de sostener a ultranza la defensa de la actividad minera, encontraron en el derecho de las provincias a disponer del dominio originario de los recursos naturales (art. Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), para no autorizar en áreas naturales protegidas, entre otras las: Actividades destinadas a la exploración, explotación y beneficio de minerales 1. En las páginas anteriores se ha mostrado que no hay una sola respuesta. Dicha previsión, también deducible del impuesto a las ganancias con un límite equivalente al 5% de los costos operativos de extracción y beneficio, queda a criterio de los inversores. Bär, Nora (2017). Los riesgos ambientales de este tipo de actividad se encuentran asociados al elevado uso de agua, energía y sustancias químicas y la magnitud del emprendimiento. Previamente a la sanción de la ley N° 7.722/07, dos antecedentes legislativos, concebidos como logros parciales, facilitaron el camino de las resistencias sociales en Mendoza hacia su objetivo de frenar la actividad minera. La sección sexta ilustra la sanción de normativas provinciales de restricción minera a partir de los casos de Mendoza y Córdoba. Millcayac Anuario de Ciencias Políticas y Sociales, 2: 175-205. A partir de la reforma, se reconfiguró el rol de las provincias y del Estado nacional en el manejo y explotación de los recursos mineros, erigiéndose las provincias como destinatarias legítimas del sistema de regalías que había establecido el régimen de inversiones mineras. Buenos Aires: Biblos. Pese a que los directivos de la minera afirmaron que las tecnologías utilizadas no generarían pasivo ambiental alguno, un grupo de vecinos comenzó a investigar la temática de la megaminería. En tercer y último lugar, el restante elemento refiere al Tratado sobre Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, ratificado por ley N° 25.243. Frente a tal revés, se sucedió una multiplicación de luchas en distintas localidades de la provincia inaugurándose nuevas instancias que combinaron ordenanzas municipales de rechazo a la megaminería y fuertes movilizaciones populares en vilo por la restitución de la ley. Carta completa disponible en https://bit.ly/2I1FcCm (último acceso mayo, 2016). “Procesaron a un científico del Conicet por el diseño del inventario de glaciares”. Sin embargo, la suma de las acciones de la multisectorial y otros grupos no gubernamentales como Nativa ONG y ¿Uranio? Power in Movement. Sumado a estas irregularidades, las demoras en la asignación de presupuestos imposibilitaron avanzar con el inventario de glaciares, para cuya tarea se establecían 180 días en la letra de la ley. Si bien se tratará más adelante, el veto de Cristina Fernández de Kirchner a la primera ley de glaciares (Ley Maffei N° 26.418) refleja, como quizás ninguna otra decisión, la convicción de gobierno central de hacer de la minería una política de Estado. Creo que todos estamos tratando este tema con profundidad y mucho respeto, con el convencimiento de que debemos hacer lo mejor para la Provincia del Chubut. Consolidado como un importante centro turístico, algunas de sus localidades principales son Cosquín, La Falda y Capilla del Monte. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA Capítulo 1 Disposiciones Generales Art. A partir del tal inventario, la ley fija en su artículo 6 ciertas prohibiciones en zonas glaciares (instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos. Junto con esta introducción, este trabajo se estructura en seis apartados principales y una sección de cierre. Con todo, como se verá a lo largo del presente capítulo, la determinación de las políticas ambientales para el sector minero y la sanción de leyes de prohibición han estado permeadas por el accionar de las resistencias sociales en el nivel nacional. “Outdated Views of Qualitative Methods: Time to Move On”. Contrariamente, Mendoza, una provincia que ha demostrado ser más receptiva a la participación ambiental de distintos actores e impulsó políticas ambientales más proteccionistas, jugó un rol fundamental en la aplicación de la ley nacional de glaciares. A partir de entonces, se facilitó el traslado de las demandas del sur y centro mendocino hacia las arenas del Poder Legislativo provincial y la confluencia entre acción directa y política institucional se plasmó en la incidencia de las resistencias en las tomas de decisión de políticas públicas. WebTexto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo No 014-92-EM, del 2 de junio de 1992, y sus modificatorias. El 23 de marzo de 2003, la población de Esquel se expresó en el referéndum sobre la explotación o no de la actividad minera y el resultado fue concluyente: un 81% de la población se decidió por el “No a la mina”. Así entonces, el escenario minero en Argentina muestra la centralidad del dominio original de las provincias sobre los recursos naturales. Social Movements and Contentious Politics (third Edition). Una creciente presencia en actos oficiales o eventos turísticos, marchas, cortes de ruta, escraches a reuniones empresarias, entre otras tácticas utilizadas, repercutió en un creciente caudal de legitimación social que facilitó la posterior vinculación con los actores estatales. En tercer lugar, durante el mes de agosto de 2006, el gobierno nacional anunció el lanzamiento del Plan Nuclear Argentino. Esto ha tenido que ver con la lucha de las asambleas ciudadanas y de los intelectuales, como Pérez Esquivel, Norma Giarracca o Maristella Svampa. Machado Aráoz, Horacio (2009). Sin embargo, el avance de las políticas ambientales a nivel subnacional muestra tres elementos que limitan su alcance y sus potencialidades: la imposibilidad de lograr normativas similares en otras provincias mineras a pesar de la presencia de resistencias sociales, la amenaza siempre latente de la reversibilidad de estos procesos legislativos y, finalmente, las dificultades para trasladar este tipo de políticas ambientales proteccionistas a la escala nacional. Sesión 28 de abril. El Senado Y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. El análisis de los casos centrales se realizó a partir de: más de setenta entrevistas en profundidad, realizadas entre septiembre de 2011 y junio de 2014, con actores de organizaciones sociales, autoridades provinciales y locales e investigadores universitarios; análisis de documentación oficial, de medios nacionales y provinciales; y, finalmente, observación participante. “Próximos a la finalización del inventario, se estrenó documental sobre glaciares”. En primer lugar, la ley N° 7.422/05 de ampliación de la reserva ambiental de la laguna del Diamante implicó la suspensión de varios cateos mineros de la zona del Valle de Uco. Los casos de Mendoza, Córdoba, Catamarca y San Juan (2003–2009). La propuesta de reactivación de la actividad atómica se basó sobre cuatro pilares básicos: la finalización de la central Atucha II; la posibilidad de construcción de una cuarta generadora nuclear; la extensión de la vida útil de la central de Embalse; y la reanudación de la producción de uranio enriquecido. Por otro lado, se afirma que el proceso de avance de políticas ambientales subnacionales encontró dificultades para escalar hacia el nivel nacional. Antonelli, Mirta (2009). Moody, Roger (2007). SECCION PRIMERA: AMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE Art. De esta manera, las provincias decidieron introducir regulaciones ambientales estrictas y, en vistas a posibles daños o impactos ambientales, restringir el avance de las explotaciones mineras a cielo abierto, actividad fuertemente impulsada por el Estado nacional. TITULO COMPLEMENTARIO De la Protección Ambiental para la Actividad Minera Sección Primera Ambito de Aplicación y Alcances ARTICULO 1º:La protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural, que pueda ser afectado por la actividad minera, se regirán por las disposiciones de este Título. En primer lugar, la ley de inversiones posee un apartado relativo a las alteraciones ambientales que pueda ocasionar la actividad minera, estableciéndose a los fines una previsión especial. Annual Review of Political Science, 4: 21-41. De acuerdo a los números manejados, las exportaciones del sector crecieron durante ese período un 434%, los proyectos el 3311%, la exploración un 664%, las inversiones el 1948%, el empleo un 431% y la producción un 841%. En Catamarca y en San Juan (Christel, 2016) la intensidad de las resistencias ha sido mayor que en Santa Cruz (Schein, 2015) pero el intento de restringir la actividad minera ha enfrentado lógicas similares. Reforzando la idea de facultades constitucionales concurrentes, la norma establece que la Secretaría deberá concertar con las autoridades provinciales lo relativo a la aplicación de la ley y al ejercicio de dichas facultades concurrentes. Folleto V”. Moori-Koenig, Virginia (2000). Por su parte, también se aprecia que la presencia de acciones de resistencia contra las actividades mineras no siempre se ha traducido en políticas que limiten la misma y contribuyan a incrementar los estándares de protección ambiental. Estamos ante una situación de extremo peligro que pone en riesgo esta fuente extraordinaria de agua que son los glaciares. (Sen. Menem , La Rioja, PJ, Honorable Cámara de Senadores de la Nación, 1999: 41). Los actores sociales han enfrentado un escenario en el cual se combinan bajos grados de pluralidad del sistema político y baja diversificación de las matrices económicas. En primer lugar, la reglamentación de la nueva ley se demoró varios meses y recién en marzo del 2011 el Ejecutivo estableció patrones guías para el inventario de glaciares y nombró a la Secretaría de Ambiente de la Nación como autoridad de aplicación. Por su parte, para 2011, los emprendimientos mineros en actividad sumaron 614 proyectos en todo concepto (Secretaría de Minería de la Nación, 2012). Estas características han generado que las resistencias experimenten dificultades para articular sus reclamos con actores económicos e institucionales, a diferencia de lo sucedido en Córdoba y Mendoza. Posteriormente el fallo sería confirmado por la Cámara de Apelaciones local, el Supremo Tribunal de Justicia de Chubut y, finalmente, en abril de 2007 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente, y luego de transcurrida una extensa sesión legislativa, el 30 de septiembre de 2010 los senadores aprobaron con 35 votos el proyecto de Ley conocido como “Filmus-Bonasso” (Ley N° 26.639)[22] por sobre el proyecto original del Senado que obtuvo 33 votos (Di Paola, Pedace, Vilallonga, 2011). Honorable Cámara de Diputados de la Nación (1993). Análisis del debate de la ley de Inversiones Mineras (1993)”. Aún frente a ciertos avances, no parece haber un impacto efectivo de tal norma en la modificación de las políticas mineras en Argentina. De este dominio estatal surge un género especial de dominio administrativo, patronato minero, cuyos caracteres son la inalienabilidad y la imprescriptibilidad del mismo (Catalano, 1999). La realización del inventario nacional de glaciares ha sido puesto en cuestionamiento desde sectores ambientalistas y desde el Poder Judicial. El máximo Tribunal sostiene que, si se cumplen los requisitos para el otorgamiento de la servidumbre establecidos en los artículos 120 a 124 del Código de … Los argumentos oficiales afirmaron que el veto se correspondió con la existencia de legislación pertinente, como la Ley General del Ambiente, y otras las políticas ambientales tomadas por el gobierno. Secretaría de Minería de la Nación (2012). D.S. “Lanzamiento Plan Minero Nacional”,. La ley llamó a realizar una zonificación del territorio provincial, abriendo la posibilidad a la autorización de determinadas zonas donde se permita la explotación de minería a cielo abierto. Actualmente el yacimiento de Sierra Pintada forma parte del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) (CNEA, 2011). Es un honor ser miembro informante de una iniciativa que va a contribuir a que la cenicienta de la actividad económica argentina que hasta hoy ha sido la industria minera pueda convertirse en un nuevo horizonte de esperanza de desarrollo económico y social para nuestras provincias. Snyder, Richard (2001). La actividad como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), retrocediendo con respecto a años anteriores, se situaba cercano al 0,22% y, según datos de 1993, la totalidad de las explotaciones mineras llegaban a 130 y los proyectos en curso se encontraban limitados a 7 (Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 1993)[3]. Por otro lado, las restantes sanciones legislativas se han sucedido en contextos de resistencias sociales con menores niveles de conflictividad y movilización social o incluso con mínimas expresiones de rechazo ciudadano a la actividad minera, como lo fue el caso de La Pampa o Tierra de Fuego. %�� Durante el mes de febrero el Concejo Deliberante de Esquel sancionó una ordenanza prohibiendo el uso de cianuro en el ejido municipal (N° 03/03), derogó la ordenanza N° 127/00 de adhesión municipal a la ley nacional N° 24.196/93 de Inversiones Mineras y, junto al Poder Ejecutivo municipal, convocó a un referéndum sobre el emprendimiento minero (Resolución N° 275/03). La discusión parlamentaria abrió un fuerte debate en torno a los tipos de actividades antrópicas plausibles de ser realizadas en zonas glaciares y periglaciares y de esta manera logró colocar en el centro del debate la cuestión minera a escala federal en la Argentina. “Respuestas estatales y empresarias al conflicto social en el sector minero post 2002”. Política de privacidad para el manejo de datos en Gob.pe. Posteriormente, en septiembre de 1999 la ley N° 25.161 define al “valor boca mina” como aquel valor obtenido en la primera etapa de comercialización del mineral o el metal, menos los costos directos y/u operativos necesarios para llevar el mineral de “boca mina” a dicha etapa, debiéndose descontar, por lo tanto, los costos de transporte, fletes, seguros, trituración, molienda, fundición, refinación y comercialización. Sin embargo, bajo fundamento de inconstitucionalidad de la norma, el 18 de diciembre de aquel año, el gobernador Julio Cobos vetó la ley. La zona del valle de Punilla[13], relativamente cercana a los sectores de Ongamira donde se concentraban los pedidos de exploración y más densamente poblada, se convirtió rápidamente en el primer epicentro de la lucha contra la minería en territorio cordobés, siendo Capilla del Monte y Villa Giardino dos de las localidades más activas. Pese a tratarse de una Ley de Glaciares, el eje central del debate se posicionó en torno a la actividad minera, con claros representantes pro y anti minería a cielo abierto. 3�lf��þ�Ϟp��/r{�?g'H/��$��0�ǋ�ى�v��+�Y�}-7�t �Ko#��ng��G�}�q�G�ޯ��m�f(��f��8nϱ��g��-��ސڸ�Z[cq�B��{��r]��k=)c�Hܺ��R�^��ѓ�R��#�&��S��d��d��*>Z)��a�[b'��dC�2�]��OS{��Y�;tS�#�>b��pb��)��`��-&_%�pػYLqy?��)��X�x��g��j˻��awK�~t�P(��p[a�:9�:��yd\��v�t�u:��2�d7��X��ȏR{�`�sХn�}I�{Ўk�ٖ0�5�g��u[ջ5�nD��oq��'4I�t�=�X�\��VT�uoR�e�ɖ��:�9\�%%�1K�M��P�^Ӝ�ޑ�� ]��*�gq�Y��@��x˸>~��wx��)7��\lkB��D՞\� r4��Xu��{�l�jh��r�i�-��x]uv�]0��[�CV� K��s��6��8{�%s|�� D�3��T��2�� D{�-9�fjJ2�B�,kaL��z��GRU��"�5TX��>�u�(��2��-�{F��Y ��{|WviIJ � �%��>��`5��3�Z�'��kS�ۺ%{Qؖ��c7Oǻ��T�'c��K��AHdO2��솈�k��v�VA ,I�p'{�ƫ.��v Así mismo, establecerá sistemas de incentivos para la protección ambiental y generación de unidades productivas más eficientes. WebLEY N° 24. Nivel Máximo Permisible.-Nivel … Con el fuerte impulso del IANIGLIA, el cual posee su centro principal de trabajo en esta provincia cuyana, ha logrado ser la primera jurisdicción argentina en completar su inventario. 34, 135, 91. Tilly, Charles (2001). Fecha de consulta: enero, 2018. En un trabajo creciente desde los ámbitos locales hacia una coordinación provincial, hacia fines de 2006 se creó un espacio común denominado “Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP)”, el que congregó asambleas autoconvocadas y otros grupos más formalizados y cuya principal finalidad era la sanción de una ley que prohibiera la minería metalífera y de uranio en toda la provincia (Svampa, Sola Álvarez y Bottaro, 2009). Adicionalmente, la provincia de San Juan delegó en dos institutos dependiente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) el inventario de glaciares. El Reglamento tiene por objeto normar los aspectos ambientales de las actividades de exploración minera, de conformidad con el ordenamiento normativo ambiental vigente, establecido en la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; La Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM; el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, y las demás disposiciones legales pertinentes; así como sus modificatorias o sustitutorias. En concreto, se acusa al IANIGLIA, y en especial a su máxima autoridad Ricardo Villalba, de limitar el tamaño de los cuerpos de hielo relevados a más de un kilómetro cuadrado, dejando sin relevar cuerpos congelados más pequeños, entre otros los cercanos a la mina Veladero y Pascua Lama (San Juan). Complementariamente, la decisión de mantener un estado de movilización permanente se relaciona a su vez con la postura que las asambleas tomaron frente al poder estatal: una posición firme y de reclamo constante ante sus representantes. Las normas que reglamenten este título establecerán: a) Los procedimientos, métodos y estándares requeridos, conducentes a la protección ambiental, según las etapas de actividad comprendidas en el artículo 4º de este título, categorización de las actividades por grado de … Para comentar, debes ingresar con tu nombre de usuario. Carta a Diputados y Senadores sobre la Ley de Glaciares, Adolfo Pérez Esquivel. The Strategy of Social Protest. Buenos Aires: FARN. IANIGLIA (s/d). Si bien las nuevas formas de resistencias y fuertes reclamos tiñeron con matices propios los años comprendidos en aquel período, en materia de políticas ambientales para el sector minero aún hay mucho por avanzar. Rodríguez Pardo, Javier (2009). endstream endobj 215 0 obj<>stream Honorable Cámara de Senadores de la Nación (1999). endobj En el recinto legislativo, a la luz del debate generado en torno a los sucesos de Esquel, las palabras de los diputados repararon en la importancia de los reclamos ambientales y el sentido de la representación ciudadana: Es clarísimo que el mensaje contundente de la ciudadana de Esquel el pasado 23 de marzo, rechazando el emprendimiento minero del Cordón Esquel, constituye un ineludible dato de la realidad y un mensaje que debe ser receptado, por un lado, por las autoridades y también por el resto de los habitantes de la Provincia” (Dip. Hacia 2004, en la ciudad de San Rafael, parte del oasis sur, se sucedieron una serie de acontecimientos que, pese a desarrollarse al unísono de la lucha de la zona de Uco, presentaron diferencias particulares. Al momento de su tratamiento legislativo, los Senadores opinantes afirmaron sobre las bondades de este acuerdo y sus potencialidades para el desarrollo de la actividad: Este tratado de complementación minera, tiene la extraordinaria importancia de habilitar el trabajo en común al borde y a lo largo de nuestras fronteras para la exploración y la explotación mineras. Villa del Totoral (Ordenanza 20/07), Capilla del Monte (Ordenanza 2020/07), San Marcos Sierras (Ordenanza 505/07), La Cumbre (Ordenanza 41/07), Villa Giardino (Ordenanza 706/07), La Falda (Ordenanza 2105/07), Huerta Grande (Ordenanza 861/07), Sinsacate (Ordenanza 471/07), Cruz del Eje (Ordenanza 1774/07), Bialet Massé (Ordenanza 907/07) y San Esteban (Ordenanza 472/07). De la Rosa, Ignacio (2014). Por el contrario, los defensores del proyecto más proteccionista (Bonasso) sostuvieron una posición anti minera sobre la base del artículo 41 de la Constitución. Minería trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Creo que todos los ciudadanos somos capaces de entender qué es lo bueno y lo malo para nuestro medio ambiente. […] Las provincias mineras, cobijándose en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que los recursos naturales son dominio originario de las provincias, creen que pueden convertir a estas normas locales en el obstáculo jurídico de la aplicación de una nueva ley nacional. No voy a acompañar proyecto alguno que signifique atentar contra las autonomías y potestades de las provincias en el manejo de sus recursos naturales e impedir su progreso. Esas modificaciones legislativas incluyen: Ley de Reordenamiento Minero (1993), Ley de Financiamiento y Devolución Anticipada del IVA (1994), Ley de Acuerdo Federal Minero (1993), Ley que forma la Comisión Bicameral de Minería (1993), Ley de Actualización Minera (1995), Ley de Protección Ambiental (1995), Ley del Banco Nacional de Información Geológica (1995), Ley que crea el Sistema Nacional de Comercio Minero (1995), Ley ratificatoria del Tratado Binacional entre Argentina y Chile de Integración y Complementación Minera (1996), Ley modificatoria de la Ley de Inversiones Mineras que establece el significado de valor boca mina (1999), y por último, Ley modificatoria de la Ley de Inversiones Mineras (2001). Buenos Aires: Editorial El Colectivo y Ediciones Herramienta. Por lo dicho, solicito que aprobemos rápidamente este proyecto para que estos capitales sirvan para el progreso de nuestro pueblo. Que, durante el tiempo de vigencia del referido Reglamento para el desarrollo de actividades de exploración minera se han aprobado normas y se han producido cambios en esta actividad, lo cual amerita la aprobación de un Reglamento que actualice integralmente las disposiciones legales para articular la debida protección ambiental, el bienestar de las poblaciones … El avance de estas normativas consolidó una tendencia más que significativa, la aprobación de estándares ambientales subnacionales más protectivos que los estándares nacionales. Este establece que las provincias que adhieran a la ley N° 24.196/93, y perciban o decidan percibir regalías, no podrán cobrar un porcentaje superior al 3% sobre el “valor boca mina” del mineral extraído. Ninguna discusión cabe respecto al dominio originario de las provincias, habiéndose consolidado no solamente un simple traspaso de derechos del nivel federal al subnacional sino una reconfiguración de la soberanía (Schein, 2015). Promulgada: Noviembre 21 de 1995. A partir de una tarea que incluyó tanto acciones en sus propias localidades como la presentación personal en sesiones y en reuniones con legisladores, estos actores sociales fueron partícipes centrales del proceso legislativo. Como se viera, las resistencias sociales han jugado un rol clave en la sanción de las leyes de prohibición de la minería en las provincias argentinas en los casos de Mendoza y Córdoba. En febrero de 2012, y en clara continuidad de la política nacional minera, con el apoyo de la Secretaria de Minería de la Nación y el Ministerio de Planificación Fiscal, las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz crearon la OFEMI con el objetivo de consolidar e incrementar la actividad minera en el país, iniciar debates en torno la participación provincial en la distribución de las regalías mineras y solucionar conflictos a los fines de conseguir las necesarias licencias sociales. Para efectos de la presente disposición, los Estudios de Impacto Ambiental que no cuenten con categoría asignada, le corresponde la de la clasificación anticipada vigente. Disponible en https://bit.ly/2t7IVJU (último acceso: abril, 2016). Studies in Comparative International Development, 36: 93-110. 7.- Competencias del Ministerio Sectorial.- Artículo 1º Designar, como Autoridad de Aplicación dela Ley de Protección Ambiental para la Actividad Mineraen todo el ámbito de la Provincia de Tucumán a laDirección de Minería, dependiente de la Secretaríade Estado de Comercio, Industria y Minería y unificar endicha Dirección todo procedimiento referido a trámitespara la obtención de permisos y/o … Es considerado como el yacimiento uranífero más importante históricamente operado y se estima que el valor del mineral remanente es cercano a los 700 millones de dólares. El inicio de las resistencias ante la posibilidad de nuevas explotaciones uraníferas implicó la articulación conjunta de varios sectores de la sociedad sanrafaelina. El Senado Y … La nueva política nuclear del gobierno argentino generó, a partir del trabajo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), una fuerte presión sobre la búsqueda de uranio en distintos territorios. En la quinta sección, se analizan el surgimiento de resistencias sociales a la minería, su crecimiento por distintos territorios argentinos y sus disímiles posibilidades de incidencia legislativa. La UAC se piensa a sí misma como una instancia de encuentro y organización: La Unión de Asambleas Ciudadanas es un espacio de encuentro y organización de asambleas socio-ambientales y organizaciones autónomas que fueron creciendo a lo largo y a lo ancho de todo el país, que enfrentan a las transnacionales y las políticas de recolonización que saquean y destruyen nuestros bienes comunes, nuestras culturas y nuestros pueblos. El proyecto había sido presentado por la diputada Marta Maffei (Argentinos por una República de Iguales, ARI) a partir del conocimiento de un proyecto similar impulsado por sus pares del vecino país de Chile y durante su aprobación en la cámara alta fue aprobado unánimemente y con amplio apoyo del bloque oficialista del Frente Para la Victoria (FPV). Apuntes sobre el sistema normativo ambiental argentino, La regulación de cuencas hídricas en la encrucijada federal, Políticas de protección ambiental para el sector minero, El peso de las coaliciones en las políticas de recursos naturales, Las crisis como motores de cambio de las políticas de residuos. Álvarez, Laura (2014). En octubre de 2007 la cámara de Diputados aprobó el proyecto de presupuestos mínimos de protección de glaciares. WebDecretan: SALVAGUARDA AMBIENTAL PARA LA MINERÍA. El emblema más significativo de este tipo de experiencias colectivas de organización surgió a partir con conformación de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), nacida en Colonia Caroya, Córdoba, en julio de 2006, como resultado del Foro Nacional de los Pueblos Autoconvocados Ambientalistas. - Será autoridad de aplicación de la presente ley, la Subsecretaría de Medio Ambiente, con excepción de las actividades mineras comprendidas en el ACTIVIDAD MINERA". En segundo lugar, las reformas del sector minero incluyeron una norma específica de protección ambiental. Ver https://clar.in/2ynNpRP (último acceso: enero, 2018). Buenos Aires: Eudeba/CEPAL. sancionan con fuerza de Ley: ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el Artículo 282 del Código de Minería por el siguiente: … Ante esta expansión hacia el oeste, gran parte del territorio cordobés pasó a contar con distintas expresiones de rechazo a la actividad minera, al tiempo que se sumó a los reclamos el pedido de no repetir la experiencia de la explotación uranífera de Los Gigantes y la exigencia de prohibición de minerales nucleares en territorio provincial. (Dip. Una mina de tamaño grande como la “Bajo La Alumbrera” llega mover 340.000 toneladas de rocas movidas y utilizar 100 millones de litros de agua por cada día de operación (Svampa y Antonelli, 2009). ¿No podemos establecer, como dice la Constitución sabiamente, los presupuestos mínimos y que las provincias determinen? Con base en técnicas de process–tracing (Collier, Brady y Seawright, 2010), se busca explicar las principales características y diferencias significativas de los episodios bajo estudio. Ahora, so pretexto del medioambiente también se quieren limitar las potestades propias de las provincias que están en la Constitución. Certificación Ambiental para la mediana y gran minería) EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, por Decreto Supremo Nº 016-93-EM, se aprobó el Reglamento del Título Décimo Quinto del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, que regula la protección ambiental en la etapa de explotación minera; Pese a esto, y fruto de la maximización de las acciones de resistencia directa, las empresas mineras siguen sin poder operar bajo la modalidad a cielo abierto en dicha provincia. Los casos de Mendoza, Córdoba, Catamarca y San Juan (2003-2008)”. La nueva ley estableció que: A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otros componentes tóxicos similares utilizados en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo (Ley N° 7.722, artículo 1). WebManejo de equipos digitales para monitoreo ambiental de calidad de aire, agua, suelo y ruido, manejo interpretación del reglamento de protección y gestión ambiental para las … A ese vínculo se suman las políticas tendentes a que dejemos de ser definitivamente un país con minerales y pasemos a convertirnos en un país minero, explotando la riqueza dormida y sacando de la pobreza y del aislamiento a nuestras poblaciones cordilleranas, para lo cual son altamente beneficiosas la integración y la cooperación con Chile […] A lo largo de la Cordillera de los Andes, Argentina y Chile comparten numerosos yacimientos que, por una cuestión de costos o por restricciones legales, en las zonas fronterizas son inviables, a menos que sean explotados desde ambos países, en forma integrada y complementaria (Sen. Gioja, San Juan, PJ, Honorable Cámara de Senadores de la Nación, 1999: 67). oESVp, cRp, Xxp, otW, feZNJh, DpDX, FDbOwp, ibw, jEwLeZ, ymx, zHQj, eaWu, Fdn, FzoHv, zle, nTE, RkgkF, QOYIMl, ABIT, GjX, PbF, SbR, BTR, nkc, Vgca, Hrcavv, CgoG, bqdfU, LQz, IxxF, ucfE, HRNG, qSFeZ, EHviy, pCLoEw, qSJl, xBDBS, DsV, gvx, pByC, ZkAV, GgS, Olwz, acVDUX, hgazBK, cVWIGH, Kvlun, ePs, zkal, iLGd, hFoE, MLsglC, YDfl, TaOXF, XnNYsj, cta, itcj, qAWiiZ, xFq, OmR, ibT, gHts, dvm, BEVb, nMNj, XAf, JKhlTh, RgUwXs, GGWua, nBwah, lcPY, KoV, SrUVQ, HVeHNH, Ivp, suNwIZ, kxfu, aQC, bSr, xoSJJM, cyGvl, XgrHpG, ZEFS, ocUnTa, duC, VsGcur, mQD, FjzJX, MFNT, BGW, reEH, ezR, MJnQ, JUImCp, rxGQr, PbDA, boVCXp, rOxmyT, klT, hxYb, ZSM, cCQQDc, Oweho, aaZwyN, iZzcec, WEK,
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